Investigación propia · registros públicos
El datacenter que no está en las compras del Estado
Buscamos la obra más grande que se está construyendo en Canelones en los 2,18 millones de registros de compras públicas. No aparece: ni la empresa, ni el parque, ni la ruta. El rastro está en otro lado, y es público.
Registros del datacenter en el corpus de compras públicas
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sobre 2.184.330 adjudicaciones publicadas desde 2002
La búsqueda
Qué buscamos, y por qué no está
Un datacenter de esta escala mueve obra civil, energía, agua, caminos y permisos. Si algo de eso lo hubiera comprado el Estado, tendría que estar en el registro de compras públicas. Buscamos por el nombre de la empresa que figura en el expediente ambiental —Eleanor Applications S.R.L., no "Google"—, por el nombre del parque, por la ruta y el kilómetro, y por los llamados que mencionaran un centro de datos en ese lugar.
No hay nada. Cero como proveedor, cero como comprador, cero llamados. Y el cero es correcto: no es una obra pública. Es una inversión privada dentro de una zona franca, así que el Estado no la paga. Lo que hace es otra cosa: la exonera de impuestos, le autoriza el uso del suelo, le aprueba el impacto ambiental y le vende la electricidad.
La pregunta obvia que sigue es la infraestructura: alguien tiene que llevarle la electricidad. Buscamos también eso. UTE tiene adjudicaciones de subestaciones en el período —la mayor, de 141 millones de pesos a Montelecnor en enero de 2026—, pero ninguna menciona Ciudad de la Costa, Nicolich, Pando ni la ruta 101, así que no podemos atribuirle ninguna al proyecto. Y la propia ficha oficial lo explica: la subestación eléctrica la construye el emprendimiento, no el Estado.
Por eso esta investigación no busca una compra. Busca las decisiones públicas que la hicieron posible, que están todas publicadas y casi nunca se leen juntas.
| Qué buscamos | Registros |
|---|---|
| Eleanor Applications S.R.L. como proveedor o comprador | 0 |
| "Parque de las Ciencias" en proveedores, compradores o ítems | 0 |
| "Ruta 101" o "Ciudad de la Costa" en ítems y llamados | 0 |
| Llamados que mencionen un centro de datos en esa ubicación | 0 |
| Obras de UTE (subestaciones, líneas) que mencionen esa zona | 0 |
El rastro que sí existe
Quince años de decisiones, en el Diario Oficial
Cada eslabón de esta cadena es un documento público. Los cuatro primeros los leímos directo; el último es prensa y va marcado como tal.
El Poder Ejecutivo autoriza a Parque de las Ciencias S.A. a explotar una zona franca privada bajo la Ley 15.921, en el padrón 46.779 de Canelones.
Primera ampliación: la zona franca pasa de 51 hectáreas 3.469 metros a 80 hectáreas 5.841 metros, sumando ocho padrones que se fusionan en el 47.763. Es el terreno donde se anunció el proyecto.
Se presenta el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Teros" ante el Ministerio de Ambiente. El titular es Eleanor Applications S.R.L.; el nombre "Google" no aparece en la carátula.
Resolución 65/024 del Ministerio de Economía: la zona franca se amplía a 83 hectáreas 6.136 metros 88 decímetros con seis padrones nuevos, el 47.827 al 47.832. El texto dice que la propietaria de esos predios es Eleanor Applications S.R.L. y le da 180 días para constituir la servidumbre del artículo 13 de la ley de zonas francas. Son exactamente los padrones donde va el datacenter.
El Ministerio de Ambiente firma la Resolución Ministerial 644-2024 y otorga la autorización ambiental previa, con siete condiciones. Entre ellas, que la autorización caduca si la obra no empieza en dos años.
Se coloca la piedra fundamental. La inversión anunciada es de más de 850 millones de dólares.
Lo que dice el expediente
Y lo que la ficha para la ciudadanía no dice
La Ficha IAR es el resumen que el expediente publica para que cualquiera entienda el proyecto sin leer 104 páginas. Ahí está lo concreto: el predio son 32,5 hectáreas; la obra de la primera etapa dura 26 meses y hay 32 meses más hasta la última; trabajarán entre 300 y 400 personas con un pico de 800; y en operación, cincuenta. También que el proyecto construye su propia subestación eléctrica y que tendrá generadores diésel para los cortes.
Lo que esa ficha no trae son las dos cifras por las que el proyecto fue discutido: cuánta agua y cuánta energía consume. La primera tiene una explicación conocida —el proyecto original preveía 7.600 metros cúbicos diarios de agua potable, se reformuló tras la sequía de 2023 y hoy la refrigeración es por aire—. La segunda no: la demanda eléctrica que la prensa atribuye a un informe técnico del expediente, 560 gigavatios hora por año y unos 48 megavatios, no aparece en el resumen que el Estado publica para explicar el proyecto.
No decimos que esté escondida: puede estar en las 104 páginas del informe completo, cuyo PDF tiene la codificación rota y no pudimos leer. Decimos que el documento hecho para que la ciudadanía entienda el proyecto omite el número que define su impacto.
La letra chica
Las siete condiciones de la autorización
La autorización ambiental no fue un permiso liso. La prensa que leyó la resolución detalló cinco de las siete condiciones; las otras dos las resumió. Las listamos como están publicadas, señalando cuáles quedaron sin detalle.
- Plazo máximo de dos años: la autorización caduca si la obra no empieza en ese lapso.
- Prohibición de usar el camino Gonzalo "Gonchi" Rodríguez durante la construcción.
- Actualizar el Plan de Gestión Ambiental con los programas de residuos de obra, manejo del tránsito, relacionamiento comunitario y gestión de efluentes.
- Ejecutar la obra estrictamente según lo presentado y aprobado, sin apartarse de la resolución.
- Presentar análisis de monitoreo, proyecto ejecutivo y cronograma dentro de los 45 días del inicio de las obras.
- Poner información a disposición de la Dirección Nacional de Calidad Ambiental (sin más detalle en la crónica).
- Elaborar planes de mitigación ante los riesgos ambientales detectados (sin más detalle en la crónica).
No pudimos contrastar esta lista contra el texto de la resolución: el PDF que publica el Ministerio está escaneado y no tiene capa de texto legible. Por eso van atribuidas a la crónica y no al documento.
El contraste
Lo que el Estado sí paga por alojar sus servidores
Mientras el datacenter más grande del país se construye sin pagar impuestos, el Estado le paga a otro por guardar sus propios datos. En el corpus hay 16 adjudicaciones cuyo objeto es alojamiento en centro de datos, por 102,5 millones de pesos, de once organismos: Presidencia, la Fiscalía General, la DGI, Casinos, el MIDES, OSE, UTE, la UTEC, la Intendencia de Colonia.
Casi todo eso lo cobra ANTEL —75,8 millones—, que es una empresa del propio Estado y tiene su propio centro de datos, el Ing. José Luis Massera, en el Polo Tecnológico Industrial de Pando: mismo departamento y misma ruta 101 que el de Google, a unos kilómetros. Sumando todos sus rubros, ANTEL le facturó al Estado 4.614 millones de pesos en 1.138 contratos con 99 organismos.
La comparación entre los dos edificios ordena la escala del asunto. El del Estado se inauguró en 2016 por unos 50 millones de dólares: 12.000 metros cuadrados, mil racks y 12 megavatios, que en su momento se explicaron como el consumo de una ciudad de 14.000 habitantes. El de Google se anuncia en más de 850 millones y la prensa le atribuye una demanda de unos 48 megavatios: cuatro veces la potencia del datacenter soberano del país, en manos privadas y sin pagar impuestos.
No hay nada irregular en eso: es el Estado comprándose a sí mismo un servicio que necesita. Lo que muestra el contraste es dónde queda cada uno en el mismo terreno: uno paga por alojar sus datos, el otro se instala exonerado a alojar los del mundo.
$ 103 M
Método
Lo que no pudimos verificar
- Los tres contratos que, según Búsqueda, UTE cerró con Google para el suministro eléctrico: no son compras del Estado sino ventas, así que no están en este registro, y la nota está detrás de un muro de pago.
- La investigación del Pulitzer Center sobre cómo se aprobó el proyecto: su sitio devolvió un error 403 a nuestro pedido.
- El texto completo de la Resolución 644-2024 y del Informe Ambiental Resumen: los dos PDF están escaneados o con la codificación rota. Las siete condiciones que citamos vienen de la prensa que sí las leyó.
Contalo donde te puedan proteger
Nosotros publicamos lo que está en los datos abiertos. Lo que no está —el expediente, el mensaje, lo que se dijo en la reunión— se manda a Uruguay Leaks, el buzón anónimo de la diaria, PODER y DATA Uruguay. Te dejamos el mensaje escrito: copialo, completá lo que sepas y pegalo en el formulario.
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Dónde chequear
Todo esto es público
La resolución de la zona franca está en el Diario Oficial del 8 de marzo de 2024. El expediente ambiental completo está en el Observatorio Ambiental Nacional. Nada de esto requiere un pedido de acceso a la información.
Documentos del Estado
Prensa citada como prensa
- MercoPress — piedra fundamental y monto de la inversión (30/08/2024)
- Montevideo Portal — las siete condiciones de la autorización (25/07/2024)
- Infobae — autorización y empleo previsto (25/07/2024)
- Intendencia de Canelones — inicio de la construcción
- Montevideo Portal — cifras del Data Center de ANTEL en Pando (16/05/2016)
Cómo leer esta investigación
Es un análisis de datos de contratación pública, que son registro público. Documenta hechos verificables —montos, fechas, proveedores, método de compra— y señala patrones que ameritan escrutinio, distinguiendo lo probado de lo que es una pregunta abierta.
Una compra por excepción, un precio alto o una concentración de proveedores no constituye, por sí sola, prueba de irregularidad o delito. Muchas contrataciones pueden tener justificación administrativa válida. El objetivo es habilitar el control ciudadano, no emitir un veredicto.
Se nombran empresas y personas únicamente en su carácter de proveedores del Estado, tal como figuran en el sistema oficial. Quien quiera aportar su descargo o corregir un dato puede hacerlo, y se incorporará.