Convenio de la construcción
El 15 de agosto de 2026 el SUNCA y las cámaras firmaron un convenio a cinco años que baja la jornada de 44 a 40 horas semanales sin bajar el salario. La discusión pública se llenó de porcentajes sin fuente. Fuimos a buscar el único tramo que sí se puede medir desde el registro de compras públicas: el canal por el que el costo laboral de la obra llega al presupuesto del Estado.
El 4 de agosto de 2026 el SUNCA y las gremiales empresariales de la construcción anunciaron un preacuerdo. La asamblea del sindicato lo aprobó el 13 de agosto y la firma fue el 15 en la Dirección Nacional de Trabajo. El convenio rige de abril de 2026 a marzo de 2031. Baja la jornada de 44 a 40 horas semanales en cuatro escalones, entre 2027 y 2030, sin reducción de salario.
A partir de ahí la discusión se movió a los costos, y ahí empezó el problema. Los porcentajes que circularon —9% de aumento del costo de la mano de obra por hora, 10% de aumento del costo de obra, 5,5% de aumento del precio de venta de una vivienda— aparecen atribuidos a «estudios comparativos internacionales» que ningún medio nombra. Fuimos a buscarlos y no están.
Este sitio no puede medir salarios: el registro de compras públicas no los tiene. Sí puede medir una cosa que nadie midió, y que es específica del Estado. Cuando el Estado contrata una obra, el precio no es fijo. El Pliego Único de obras públicas prevé fórmulas paramétricas, y el índice de mano de obra que las alimenta se calcula a partir del laudo del Consejo de Salarios. Es decir: el convenio que firmaron el sindicato y las cámaras reprecia, por diseño, lo que paga el contribuyente.
El tamaño de ese canal se ve en los rubros. En el mayor contrato de obra del registro —el saneamiento de OSE adjudicado en 2024 a SACEEM, CIEMSA, TEYMA y una empresa brasileña— la adjudicación publica 416 líneas de precio. Entre ellas hay 80 líneas llamadas «Ajuste Paramétrico» por 3.408 millones de pesos y 151 líneas llamadas «LL SS» —leyes sociales— por 2.824 millones. Juntas son el 20,59% del lado en pesos del contrato, y el contrato tiene rubros previstos hasta 2029.
Con eso alcanza para una cuenta que el debate no hizo. Si la mano de obra con sus leyes sociales es el 20,16% de ese contrato, un aumento del 10% en el costo por hora agrega alrededor del 2% al contrato, no el 10% que se publicó. Para que un contrato de obra subiera 10% por esta vía, la mano de obra tendría que ser casi todo el costo. No lo es en ninguno de los contratos que pudimos abrir.
Método
El convenio es del Grupo 9, subgrupo 01, «Industria de la construcción y actividades complementarias». Dura cinco años: de abril de 2026 a marzo de 2031. Es el primer convenio del sector con esa extensión, y las dos partes lo llamaron histórico por eso antes que por las horas.
La jornada baja una hora por año en cuatro escalones. La reducción no toca el salario. Las empresas pueden aplicarla de dos formas: una hora menos de lunes a jueves, o hasta cuatro horas menos el viernes. Las cámaras pidieron esa flexibilidad y quedó en el texto.
El convenio incluye un ajuste salarial de 5,17% retroactivo a abril de 2026 y ajustes anuales cada abril hasta 2030, con correctivos por inflación. Garantiza crecimiento del salario real en todo el período. Suma además el reintegro de los trabajadores que estaban en seguro de paro, 8 millones de pesos para reembolsar exámenes médicos preventivos a mayores de 40 años, una hora paga por semestre para actividades de salud mental, el doble de entregas de ropa de trabajo desde abril de 2028 y un plazo de 120 días para acordar un protocolo de calor.
El conflicto previo duró más de 120 días. El secretario general del sindicato, Javier Díaz, lo contó como 126 días de lucha. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, usaron los dos la palabra «histórico».
El sindicato llama «conquistas» a lo que consiguió en 68 años. La lista de abajo sólo incluye las que tienen una norma o un hecho verificable detrás. Las que no la tienen quedan afuera, aunque el sindicato las reivindique.
11 de mayo de 1958
Primer Congreso Nacional del sindicato único de la construcción. El gremio participa después en la creación de la Convención Nacional de Trabajadores.
7 de agosto de 1975
La Ley 14.411 crea un régimen de aportación propio del sector. Un solo porcentaje sobre los jornales cubre jubilación, salud y cargas salariales. El obligado al pago es el dueño del inmueble, no la empresa constructora. Hoy la tasa es 71,8%, y llega a 75,8% con el aporte a la Caja de Profesionales.
26 de diciembre de 2007
La Ley 18.236 crea el fondo del sector. Cuando el trabajador se retira definitivamente de la industria, por cualquier causa, cobra todo lo depositado en su cuenta individual. Si fallece, lo cobran el cónyuge o los herederos.
2008
El precedente directo del convenio de 2026. El sector fue el primero en bajar de la jornada legal de 48 horas por convenio colectivo, dieciocho años antes de bajar a 40.
15 de agosto de 2026
Convenio a cinco años, con reducción escalonada entre 2027 y 2030, sin pérdida de salario, y ajustes anuales hasta 2030.
Bajar de 44 a 40 horas produce dos porcentajes distintos, y en la cobertura aparecieron mezclados. El primero mide horas. El segundo mide costo por hora. No son el mismo número y no se pueden usar uno por otro.
El tercer número es el que importa para el costo total, y depende de un supuesto que casi nadie explicitó. Si la obra necesita la misma cantidad de horas de trabajo, la empresa tiene que agregar 10% de horas para hacer lo mismo, y la masa salarial sube 10%. Si la productividad por hora mejora, sube menos. El presidente de la Cámara de la Construcción lo dijo con esas palabras: «la productividad de la industria no se protege exclusivamente con la hora hombre».
Estas cuatro cifras ordenaron el debate sobre el costo del convenio. Ninguna de las cuatro llega con el estudio que la respalda. Lo que sigue no dice que sean falsas: dice que, como están publicadas, no se pueden verificar.
9%
Aumento inmediato del costo de la mano de obra por hora.
La nota no nombra el estudio. Además, 9,09% es cuánto BAJAN las horas; el costo por hora sube 10,00%. La cifra parece ser el porcentaje equivocado de los dos.
10%
Aumento del costo total de obra al reducir cuatro horas manteniendo el salario.
No se nombra ningún estudio. Para que el costo de obra suba 10% por un aumento del 10% en el costo horario, la mano de obra tendría que ser casi el 100% del costo. En el mayor contrato de obra del registro es el 20,16%.
5,5%
Aumento inmediato del precio final de venta de una vivienda.
Sin estudio citado y sin método. El precio de venta de una vivienda depende del terreno, del financiamiento y de la demanda, no sólo del costo de obra.
30%
La productividad horaria de Uruguay es 30% inferior a la media de los países de la OCDE.
Se atribuye a la OCDE sin año ni publicación. Uruguay no es miembro de la OCDE, así que la comparación necesita explicar contra qué agregado se hace.
Un convenio colectivo obliga a las empresas del sector, no al Estado. Pero el Estado es cliente de esas empresas, y sus contratos de obra no tienen precio fijo. El Pliego Único de obras públicas prevé fórmulas paramétricas con coeficientes de mano de obra y de materiales declarados en el pliego. El índice de mano de obra se construye a partir del laudo del Consejo de Salarios: cuando el laudo se mueve, el índice se mueve.
Eso convierte al Estado en el que carga el riesgo del costo laboral en obra pública. Un comprador privado que ve subir el precio puede postergar la obra. Las certificaciones de avance de obra que paga el Estado absorben la variación paramétrica y siguen. La diferencia no es de tamaño: es de quién puede decir que no.
El registro de compras públicas lo muestra sin necesidad de interpretar nada, porque cuatro organismos publican la adjudicación abierta por rubro. La mayor de todas es la de OSE.
Proyecto Universalización del Saneamiento en el Uruguay. Adjudicado el 26 de julio de 2024 a SACEEM, CIEMSA, TEYMA URUGUAY y FAST Indústria e Comércio. 416 líneas de precio, con rubros previstos hasta 2029.
Total adjudicado30.266.489.897 pesos + US$ 81.031.355
| Rubro | Pesos | Del lado en pesos |
|---|---|---|
| Obra (rubros globales y unitarios)84 líneas en pesos. Otras 18 líneas, por US$ 81.031.355, están en dólares y no entran en este porcentaje. | 22.875.003.794 | 75,58% |
| Ajuste Paramétrico80 líneas, una por año y por grupo de rubros, de 2024 a 2029. Es el renglón por el que un cambio de costos llega al precio que paga el organismo. | 3.407.843.459 | 11,26% |
| LL SS (leyes sociales)151 líneas. Es el Aporte Unificado de la Ley 14.411, que se calcula como porcentaje de los jornales. | 2.823.784.792 | 9,33% |
| Imprevistos83 líneas, con su propio ajuste paramétrico y sus propias leyes sociales asociadas. | 1.159.857.852 | 3,83% |
Hallazgo
De la línea de leyes sociales se puede volver al jornal. El Aporte Unificado es hoy 71,8% de la remuneración del personal que trabaja directamente en obra. Si esa línea de 2.824 millones es exactamente ese porcentaje, el jornal imponible del contrato es del orden de 3.933 millones de pesos: el 12,99% del lado en pesos.
Jornal más leyes sociales dan 6.757 millones. Eso es el 22,32% del lado en pesos y el 20,16% del contrato completo, contando la parte en dólares. Un aumento del 10% en el costo horario, si el contrato necesita la misma cantidad de horas, agrega unos 676 millones de pesos: alrededor del 2,0% del contrato.
La derivación tiene tres supuestos declarados. Primero, que toda la línea de leyes sociales corresponde al régimen del 71,8% y no incluye el aporte a la Caja de Profesionales. Segundo, que la mano de obra fuera del régimen de obra —oficina, dirección, transporte— no está en esa línea. Tercero, que el organismo presupuestó los rubros con las tasas vigentes al momento de adjudicar. Los tres empujan la estimación en la misma dirección: el jornal real puede ser algo mayor que 3.933 millones, no menor.
Entre 2019 y 2026 el Estado adjudicó 159.853 millones de pesos en rubros de obra del catálogo estatal —la familia 6, «Construcciones, mejoras y reparaciones extraordinarias»— en 9.874 adjudicaciones. Es una serie muy concentrada: siete contratos son el 71,56% del total.
Los siete son seis obras viales y un centro de reclusión. Los seis viales son contratos de diseño, construcción, operación y financiamiento de la Dirección Nacional de Vialidad —los circuitos 3, 5 y 6 y los grupos vial oriental uno y dos y San José—, todos expresados en unidades indexadas. El séptimo es el centro de rehabilitación con tres unidades de internación en Libertad, San José, adjudicado por el Ministerio del Interior en 2024.
La cara visible del ajuste paramétrico es más chica que eso, y hay que decirlo con precisión. En todo el corpus, 1.188 compras publican rubros con línea de ajuste paramétrico, y son de cuatro organismos: OSE, UTE, la Administración Nacional de Puertos y la Intendencia de Montevideo. En esas compras el ajuste paramétrico es el 8,90% del monto y las leyes sociales el 6,46%. El contrato de saneamiento de OSE pesa tres cuartas partes de ese agregado, así que el porcentaje describe sobre todo a ese contrato.
Vale una última cifra, porque conecta las dos puntas de esta historia. El presidente de la Cámara de la Construcción que firmó el convenio, Alejandro Ruibal, es director de SACEEM. SACEEM tiene 48.034 millones de pesos adjudicados por el Estado en 130 compras, medido por su RUT en las dos grafías con que el registro lo escribe. Eso no describe ninguna irregularidad. Describe que quien negocia el costo laboral del sector es, además, uno de los mayores contratistas del Estado.
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