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Con la tuya, contribuyenteCada peso que gasta el Estado uruguayo, rastreable.
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EXPEDIENTE  Empresas señaladasCorrupción y contratación públicaPERÍODO  2006–2026Prensa y Justicia + Compras Estatales (OCDS) · verificado

Investigación · Con la tuya, contribuyente

Empresas señaladas por corrupción: ¿lo confirma la base?

Partimos de empresas señaladas en la prensa y la Justicia por corrupción, fraude o irregularidades con el Estado uruguayo. Después buscamos cada una en la base de Compras Estatales para ver si el señalamiento deja rastro en los datos abiertos. Algunas están de cuerpo entero; otras —las más grandes— casi no aparecen, y esa invisibilidad también dice algo.

Prensa + JusticiaCruzado con la baseCada dato con fuente
28
empresas señaladas
de prensa y Justicia, verificadas
22
verificables en la base
aparecen como proveedoras del Estado
6
fuera del alcance
defensa, concesiones, PPP, estafas privadas
3
con condena firme
el resto: denuncia, investigación u observación

Cómo se hizo

Dos pasos: primero el señalamiento, después la base

Primero se listaron empresas señaladas públicamente por corrupción o irregularidades con organismos del Estado. Cada caso se verificó de forma adversarial contra al menos dos fuentes independientes —Fiscalía, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, JUTEP o prensa seria— y se corrigieron cifras y estados legales. Se guardó siempre el descargo y la precisión.

Recién entonces se buscó cada empresa en la base del sitio (Compras Estatales / OCDS): si figura como proveedora, con cuántos contratos y con qué organismos. Los números de la columna «base» salen de esa consulta, hecha sobre la base en vivo. Donde el señalamiento no deja rastro —compra militar, concesiones, PPP o estafas privadas— se dice explícitamente.

El punto ciego

Lo más grande casi no se ve

Los escándalos de mayor monto tienden a ser los menos visibles en los datos abiertos: la compra de defensa (Cardama, €82 M), las concesiones (Katoen Natie), los PPP y proyectos como Gas Sayago quedan fuera del feed de Compras Estatales. Y aun cuando la empresa está —como ITHG en ASSE— la base puede registrar una fracción mínima del dinero pagado por vía directa. La transparencia del gasto es más fina justo donde más plata se mueve.

Sector

Salud pública / ASSE

ITHG Proveedores Marítimos

Denuncia penal✓ Aparece en la base · 5 · 2021–2025

Sociedad creada en 2020 como proveedora marítima que pasó a concentrar el 96,47% del gasto en traslados del SAME 105 de ASSE mediante compras directas sin autorización del MSP, con precios sobre el mercado y una ambulancia pagada US$ 800 mil que hacía «un traslado cada dos días».

En juego~US$ 20 M en 3 años · US$ 800 mil por una sola ambulancia (2024)
Estado100% del gasto observado por el Tribunal de Cuentas; denuncia penal de ASSE ante Fiscalía (abril 2026) contra el ex directorio (Leonardo Cipriani y otros).
En la baseLa base registra apenas 5 fichas por ~$33 M; la auditoría de ASSE y el Tribunal de Cuentas documentan más de $2.000 M. El grueso se pagó por compra directa y casi no dejó rastro abierto.

La otra campana La empresa no está imputada formalmente: la causa penal apunta a los ex jerarcas de ASSE. El señalamiento a ITHG es de contratación (compra directa, concentración, precios), no una condena.

Solidar (JD&A SAS)

Observación (TCR / JUTEP)✓ Aparece en la base · 49 · 2023–2026

SAS de traslados creada en 2020 que comparte domicilio, equipos y contratos con ITHG y se presentó como competidora «independiente» en el convenio marco de ambulancias de ASSE.

EstadoEl Tribunal de Cuentas observó el convenio marco (6 a 1, oct. 2024) por «indicios de prácticas prohibidas» contra la libre competencia y lo remitió a Defensa de la Competencia (MEF).
En la baseFigura en la base como JD&A S.A.S., proveedora de ambulancias de ASSE, con el mismo domicilio que ITHG.

La otra campana El convenio marco quedó suspendido y no entró en vigor. Solidar/JD&A operó sobre todo como subcontratista de ITHG; los grandes montos observados son de ITHG.

Asociación Civil Buena Estrella

Condena firme✓ Aparece en la base · 1 · 2010

Cooperativa de limpieza hospitalaria de ASSE que marcaba tarjetas de personal ausente y planillaba horas no facturables para inflar el monto cobrado. Un director de ASSE le pasó información reservada de licitaciones para que ganara.

En juegoSobrefacturación probada de más de US$ 100 mil solo en el Hospital Maciel (2010–2011)
EstadoCondena firme: unas diez personas procesadas (2014) y el director de ASSE Alfredo Silva condenado (2018) por conjunción del interés personal y público (2 años, inhabilitación, multa de $2.143.420).
En la baseAparece con un contrato en la base; el grueso de su facturación de limpieza a ASSE es anterior/paralelo al registro OCDS.

La otra campana Silva era director de ASSE por los trabajadores; su condena fue por conjunción de interés, no por cohecho. El cohecho (coimas) recae sobre el sindicalista Heber Texeira y otros.

Joaka · Onamérica · Apex (tercerizadas de ASSE)

Procesamiento✓ Aparece en la base · 81 · 2010–2017

Empresas tercerizadas de limpieza, camillería y vigilancia en hospitales de ASSE cuyos titulares pagaron coimas a Heber Texeira, jefe sindical de las tercerizadas, para acelerar los pagos de ASSE y mantener sus contratos.

En juegoCoimas confesadas de ~$3.000 a ~$150.000 al referente sindical; Onamérica: ~$40 mil
EstadoProcesamiento (julio 2014) por cohecho simple continuado de los responsables de cuatro firmas (Apex, Jorge Lucero, Onamérica y Joaka); Texeira, procesado con prisión.
En la baseLas tres figuran como proveedoras de servicios de ASSE: Joaka (66 contratos), Onamérica (10) y Asociación Apex (5). Onamérica siguió contratando con ASSE tras el escándalo.

La otra campana Según la Justicia, las coimas buscaban acelerar los pagos (ASSE pagaba cada ~90 días), no adjudicarse los contratos. Onamérica fue procesada sin prisión.

Sakira · Macromar (tapabocas COVID)

Señalamiento periodístico✓ Aparece en la base · 3119 · 2020–2026

Durante la emergencia COVID-19 el Estado compró tapabocas por compra directa a precios muy por encima del costo de importación. La investigación de la diaria (red PALTA) documentó el sobreprecio; Sakira y Macromar están entre las proveedoras.

En juegoTapabocas pagados hasta 3–4× su costo de importación (compra de emergencia, sin control de margen)
EstadoSeñalamiento periodístico; sin proceso judicial contra las empresas.
En la baseAmbas figuran como proveedoras de EPP del Estado: Sakira (3.119 contratos, insumos médicos) y Macromar (2.027). Sí vendieron tapabocas al Estado durante la emergencia.

La otra campana El sobreprecio 3–4× es una conclusión GENERAL sobre el conjunto de compras de emergencia, no una imputación de ilegalidad a Sakira o Macromar en particular.

Sector

Defensa y FF.AA.

Frigorífico Saturno (Abasto de Carnes Saturno)

Investigación fiscal✓ Aparece en la base · 283 · 2012–2026

Proveedor de carne de la Armada desde 2013. En la causa por decenas de toneladas «desaparecidas» se detectaron sobreprecios y cortes no licitados: se encargaba lomo pese a que la adjudicación era por bondiola, y el frigorífico fijaba precios muy por encima del mercado descontándolos de entregas pendientes. Se hallaron 26 remitos con sellos y firmas irregulares.

En juegoFaltante de ~57 toneladas (~$8,4 M) entre las licitaciones 28/2021 y 28/2022 de la Armada
EstadoInvestigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos (fiscal Sandra Fleitas); denuncia penal de la Armada (fines de 2022); 12 oficiales citados.
En la baseGran proveedor de carne del Estado: 283 contratos por ~$1.140 M, con INDA, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Sanidad Militar. El caso penal recae sobre las compras de la Armada.

La otra campana La investigación penal se centra en los oficiales de la Armada. El frigorífico no está imputado formalmente, aunque sus precios y remitos están cuestionados.

Floridian S.A. (avión presidencial)

Observación (TCR / JUTEP)✓ Aparece en la base · 1 · 2017

Único oferente y adjudicatario de la Licitación Pública 20/2016 de la Fuerza Aérea para el avión presidencial. El Tribunal de Cuentas la observó por «dirigida»: antigüedad máxima de 40 años (el avión tenía 38), mínimo de 8 pasajeros (llevaba exactamente 8) y un plazo de 60 días para el certificado de aeronavegabilidad imposible de cumplir por competidores.

En juegoUS$ 1.010.000 (Hawker HS-125-700A usado de 38 años); rematado en 2020 por US$ 180.000
EstadoObservación reiterada del Tribunal de Cuentas (voto 4-3) e interpelación al Ministro de Defensa; sin proceso penal. Un ministro del Tribunal dijo no haber visto nunca una licitación «tan dirigida».
En la baseUna sola ficha en la base: la compra del avión presidencial a la Fuerza Aérea por US$ 1.010.000 (ficha 512129, 2017). Verificable de punta a punta.

La otra campana La compra se ejecutó y el propio Tribunal de Cuentas terminó levantando la observación por mayoría. Floridian es la distribuidora local de Mercedes-Benz; nunca fue imputada.

Astillero Cardama (patrulleros de la Armada)

Denuncia penal○ Fuera del alcance de la base

El astillero español ganó en 2023 la construcción de dos patrulleros para la Armada. El gobierno detectó «indicios de estafa/fraude»: la garantía estaba avalada por EuroCommerce, una firma británica en liquidación, sin sede real ni empleados y con un director ruso.

En juegoContrato de €82,2 M por dos patrulleros oceánicos; el Estado transfirió ~US$ 30 M antes de rescindir
EstadoContrato rescindido (2025-2026); denuncia penal por fraude y estafa ante la Fiscalía de Delitos Económicos; acciones civiles y administrativas para recuperar el dinero.
En la baseLa compra militar de gran porte no pasa por Compras Estatales: el mayor escándalo de contratación reciente (€82 M) no deja ninguna ficha en la base.

La otra campana Cardama niega el fraude y lo llama «tema político»; inició su propia acción legal contra el Estado. El avance real de obra está en disputa (inspectores reportaron 16 de 27 bloques unidos).

Lunacar S.A. / Vertical Skies (caso Astesiano)

Investigación fiscal✓ Aparece en la base · 6 · 2021–2023

En el caso Astesiano, la firma estadounidense Vertical Skies vendió al Estado a través de su vehículo uruguayo Lunacar S.A., con Astesiano como intermediario: mochilas tácticas y equipo a Defensa y un dron a UTE. El gerente de Vertical Skies pidió a Astesiano fichas de espionaje sobre senadores.

En juegoDron a UTE por US$ 749.000; un empresario declaró pagos de US$ 170.000 a Astesiano/Vertical Skies por «licitaciones ganadas»
EstadoInvestigación fiscal (caso Astesiano); Marcelo Acuña (gerente) condenado a 18 meses por el espionaje a senadores; una adjudicación en Defensa fue cancelada «por prudencia».
En la baseFigura en la base con 6 contratos (~$11 M). El dron de US$ 749 mil a UTE y las ventas a Defensa aparecen ligados a Vertical Skies vía Lunacar.

La otra campana La condena a Acuña es por el espionaje, no por las ventas al Estado; la investigación sobre las adjudicaciones sigue abierta.

Sector

Seguridad y vigilancia

Dígitro Tecnologia («El Guardián»)

Observación (TCR / JUTEP)✓ Aparece en la base · 12 · 2017–2024

Proveedora del sistema de interceptación legal de comunicaciones «El Guardián» del Ministerio del Interior. La compra original y la ampliación se hicieron por compra directa por excepción en modalidad secreta, sin licitación y ocultas del registro, lo que impidió el control público.

En juegoCompra original ~US$ 2 M (2013) + ~US$ 200 mil/año; ampliación «Guardián Online» US$ 1.098.060 (2022)
EstadoAutorizada por el Tribunal de Cuentas; cuestionada por senadores (pedidos de informes de Charles Carrera) y bajo escrutinio tras el caso Astesiano por el uso de los sistemas de vigilancia del Interior.
En la baseLa proveedora brasileña figura en la base (~$115 M) pese a que las compras del sistema de espionaje se hicieron en modalidad secreta.

La otra campana No hay imputación penal contra la empresa: el señalamiento es de transparencia/contratación. En el caso Astesiano el señalado por uso indebido es el funcionario, no Dígitro.

Elbit Security Systems (cámaras de Maldonado)

Observación (TCR / JUTEP)✓ Aparece en la base · 3 · 2016–2023

La Intendencia de Maldonado contrató directamente —sin licitación— a Elbit para 1.200 cámaras de videovigilancia. El Ministerio del Interior señaló que costaron «tres veces más» que las adquiridas por licitación pública, y la información se mantuvo oculta más de un año.

En juego1.200 cámaras por US$ 18,5 M (otras fuentes: +US$ 27 M) · ~3× el precio de cámaras licitadas
EstadoObservación del Tribunal de Cuentas por la contratación directa; fuerte controversia parlamentaria; la Justicia obligó a divulgar la información.
En la baseLa israelí figura en la base (Elbit Systems Land & C4I + un registro «Elbit System» de 2016 por ~$607 M).

La otra campana Es una observación de contratación (precio y método), no una condena. La comparación de precios proviene del propio Ministerio del Interior.

DDBA (reconocimiento facial)

Investigación fiscal✓ Aparece en la base · 1 · 2020

Integradora del software español Herta Security. Según documentos y grabaciones, el Ministerio del Interior fue «determinante» para que la AUF adjudicara a DDBA las cámaras de reconocimiento facial del Estadio Centenario (2016) pese a una oferta rival técnicamente mejor y ~16% más barata.

En juegoCámaras del Centenario ~US$ 1.254.000 (vs US$ 1.081.000 de Servinfo, 16% más barata); software policial ~US$ 639.000
EstadoInvestigación fiscal (fiscal Silvia Pérez) y de la Comisión de Ética de la FIFA a dirigentes de la AUF; denuncias de clubes.
En la baseSu vehículo CDT Latam figura en la base por el software forense de reconocimiento facial comprado por la Policía (2020, ~US$ 16,7 M en pesos).

La otra campana La licitación de 2016 la corrió la AUF (privada), no el Estado; el elemento estatal es la presión del Interior. La fiscal dijo no hallar indicios de que una empresa se beneficiara ilícitamente.

Sector

Energía y entes (Ancap · UTE)

Trafigura (crudo de Ancap)

Investigación fiscal✓ Aparece en la base · 94 · 2019–2025

Ancap contrató a Trafigura como intermediaria para operaciones de crudo con la ecuatoriana Petroecuador (2010-2011) sin licitación ni procedimiento competitivo, dándole una «posición extremadamente ventajosa» y operando meses sin contrato firmado. El caso se liga a la trama internacional de corrupción de Petroecuador.

En juegoIntermediación con Petroecuador por ~US$ 4.900 M; ganancia de Trafigura ~US$ 200 M; perjuicio a Petroecuador ~US$ 206 M
EstadoLa Fiscalía de Crimen Organizado (fiscal Luis Pacheco) pidió el procesamiento de Raúl Sendic y otros ex jerarcas de Ancap (2018).
En la baseEs hoy uno de los mayores proveedores del Estado en la base: ~$86.000 M nominales por crudo y derivados a Ancap. La cifra está inflada por el volumen del petróleo, pero el vínculo es real y masivo.

La otra campana En el punto Trafigura, los directores acusados fueron absueltos por la Suprema Corte (2020); Sendic fue condenado, pero por otras causas (tarjetas y caso Exor), no por la intermediación de Trafigura.

Exor (deuda de Ancap con PDVSA)

Condena firme○ Fuera del alcance de la base

Ancap contrató de forma directa e irregular a la firma financiera Exor como intermediaria para cancelar anticipadamente su deuda con la venezolana PDVSA, con «irregularidades múltiples, sucesivas y graves»: sin contrato ni procedimiento competitivo y con autorización verbal de Sendic sin aval del directorio.

En juegoComisión del 1,75% sobre US$ 321,8 M de deuda; laudo: Ancap debió pagar ~US$ 5,6 M a Exor
EstadoCondena firme: Raúl Sendic condenado (2021) por abuso de funciones (caso Exor) y peculado (tarjetas): 18 meses, 4 años de inhabilitación y multa.
En la baseLa intermediación financiera de Ancap no pasa por Compras Estatales; Exor no aparece como proveedora en la base.

La otra campana La condena recae sobre el ex presidente de Ancap, no sobre Exor. No confundir con Trafigura ni con el holding Exor N.V. (Agnelli/Fiat).

OAS · GNL del Plata (Gas Sayago)

Investigación fiscal○ Fuera del alcance de la base

La brasileña OAS —empresa central del Lava Jato— construyó la planta regasificadora GNL del Plata en Puntas de Sayago. Se investigan presunta sobrefacturación, pagos indebidos e injerencia del gobierno brasileño en la adjudicación; su expresidente Leo Pinheiro admitió coimas por gestiones ante Uruguay. La adjudicación al consorcio GNLS (GDF Suez/Engie) fue calificada de «absolutamente irregular».

En juegoInversión prevista ~US$ 1.200 M; pérdidas al Estado estimadas en ~US$ 213 M; el Estado debió pagar US$ 13 M a OAS
EstadoDenuncia penal de la oposición (2018); la Fiscalía archivó (2023) y luego reabrió la causa; juicios civiles cruzados; OAS en quiebra por el Lava Jato.
En la baseEl proyecto de la regasificadora (PPP de UTE y Ancap) no dejó fichas de proveedor en Compras Estatales pese a costar cientos de millones.

La otra campana El fiscal halló improvisación, negligencia e irregularidades administrativas pero no delito con intención de dañar al Estado. Las pérdidas de ~US$ 213 M son de todo el proyecto, no solo de OAS.

Teyma / Abengoa (bioetanol de ALUR)

Procesamiento✓ Aparece en la base · 151 · 2003–2026

En la planta de bioetanol de ALUR en Paysandú, el contratista (Abengoa/Teyma) recibió seis pagos adicionales por fuera del contrato y una bonificación de US$ 1 M por recepción provisoria pese a que la planta arrancó sin cumplir las condiciones. El fiscal lo calificó de «compensación inadmisible».

En juegoContrato EPC ~US$ 120 M; seis adendas fuera del contrato original + bonificación de US$ 1 M
EstadoLa Fiscalía pidió el procesamiento del ex gerente de ALUR Manuel González por estafa (causa Ancap, 2018).
En la baseGran contratista del Estado en la base (151 contratos). La filial de la española Abengoa construyó obras para ALUR, UTE y otros organismos.

La otra campana El pedido de procesamiento recae sobre el jerarca de ALUR, no sobre Teyma. La empresa fue la ejecutora de la obra, no la imputada.

Sector

Obra pública e infraestructura

Saceem · Stiler · Montelecnor (fibra de Antel)

Observación (TCR / JUTEP)✓ Aparece en la base · 388 · 2002–2026

El Tribunal de Cuentas alertó riesgo de colusión / acuerdo de precios en siete licitaciones de Antel (2021) para el tendido de fibra al hogar: adjudicaciones a distintos proveedores sin que ninguno objetara, y empresas que se presentaban con intención de formar consorcios con sus competidores.

En juegoPresupuesto estimado $1.368 M vs pagos por $1.797 M — sobrecosto de 31,4% (~US$ 12 M sobre la subasta inversa)
EstadoAlerta del Tribunal de Cuentas y una investigación de oficio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (MEF), concluida en dic. 2024.
En la baseLos tres son grandes contratistas del Estado: Saceem (121 contratos), Stiler (120) y Montelecnor (147). Se presentaron en las mismas licitaciones de Antel.

La otra campana Es una alerta e investigación, NO una colusión probada ni una sanción a ninguna empresa. Los nombres son co-oferentes en las mismas licitaciones.

CSI Ingenieros (sobrefacturación en UTE)

Denuncia penal✓ Aparece en la base · 137 · 2002–2026

En una licitación de UTE de 2006 (vida útil de la Central Batlle), CSI Ingenieros —en consorcio con Soluziona— cobró US$ 2,8 M mediante ampliaciones que superaron el 130% del contrato original. Fue una de al menos seis licitaciones de UTE (2006-2011) investigadas por contratos «digitados» y sobrefacturación.

En juegoUS$ 2.800.000 vía ampliaciones de contrato: +130% sobre lo original (el TOCAF prohíbe superar el 100%)
EstadoDenuncia penal del presidente de UTE ante el juzgado de Crimen Organizado (2012); investigación de al menos seis licitaciones; suspensión de contratos.
En la baseIngeniería de larga relación con el Estado (137 contratos desde 2002).

La otra campana CSI Ingenieros negó las irregularidades y sostuvo que actuó «en regla». Es una denuncia e investigación, sin condena conocida contra la empresa.

Grupo Vía Central (Ferrocarril Central)

Investigación fiscal✓ Aparece en la base · 1 · 2019

El consorcio Grupo Vía Central (Saceem, Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE) construyó el Ferrocarril Central para UPM bajo un PPP con el MTOP. El proyecto acumuló fuertes sobrecostos, cuestionados por falta de estudios técnicos previos, y derivó en reclamos cruzados por sobreprecios y pagos pendientes.

En juegoSobrecostos reportados por el MTOP en torno a US$ 200 M
EstadoDisputa contractual: el consorcio inició un arbitraje internacional (2025) por incumplimientos del Estado. Sin imputación penal.
En la baseEl consorcio figura con una sola ficha gigante ($2.824 M, 2019); el grueso del PPP se paga por fuera del feed.

La otra campana Es un conflicto de sobrecostos y pagos, no una causa penal. Ambas partes se reclaman mutuamente incumplimientos.

Consorcio Aguas de Montevideo (Proyecto Neptuno)

Observación (TCR / JUTEP)✓ Aparece en la base · 121 · 2003–2026

El consorcio fue adjudicatario del Proyecto Neptuno de OSE (potabilizadora en Arazatí, que toma agua del Río de la Plata) bajo participación privada a 20 años. El Tribunal de Cuentas observó el contrato y su renegociación por modificar «sustancialmente el objeto del contrato», vulnerando la igualdad y la concurrencia.

EstadoObservación del Tribunal de Cuentas (4 a 3, 2026); OSE resolvió reiterar el gasto y seguir adelante pese a la observación.
En la baseIntegrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast — todos grandes contratistas presentes en la base por separado.

La otra campana Es una observación de regularidad jurídica sobre un contrato de gran controversia política y ambiental, no una imputación penal a las empresas.

Katoen Natie / Terminal Cuenca del Plata

Observación (TCR / JUTEP)○ Fuera del alcance de la base

Presuntas irregularidades en el acuerdo de 2021 que extendió hasta 2081 la concesión exclusiva de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a la belga Katoen Natie. Senadores denunciaron que el presidente de la ANP aprobó la prórroga sin pasar por el directorio.

En juegoConcesión extendida hasta 2081; ~US$ 455 M de inversión comprometida
EstadoEl Tribunal de Cuentas concluyó que el acuerdo es «objetable en cuanto a su regularidad jurídica»; la causa penal fue archivada (2022) y desarchivada (2023).
En la baseEs una concesión portuaria: la empresa opera la terminal, no le vende bienes al Estado, así que no figura como proveedora.

La otra campana Es una concesión, no una compra: el señalamiento es de regularidad del acuerdo, no de un contrato de suministro. Competidores tramitan arbitrajes internacionales.

Cosmo (aviones de Pluna)

Condena firme○ Fuera del alcance de la base

En el remate de 2012 de los siete aviones de la aerolínea estatal Pluna, la firma Cosmo (usada como «pantalla», vinculada a Juan Carlos López Mena) ofertó respaldada por un aval del Banco República otorgado de forma «clara y arbitrariamente abusiva». La Suprema Corte calificó de «turbio o poco cristalino» el aval.

En juegoAval del Banco República por US$ 13,6 M
EstadoCondena firme por abuso de funciones del expresidente del BROU Fernando Calloia (confirmada por la Suprema Corte) y del exministro de Economía Fernando Lorenzo.
En la baseCosmo fue oferente en un remate de liquidación estatal, no proveedora del Estado; no figura en la base.

La otra campana La indagatoria contra los privados (López Mena, Calvo Sánchez) fue archivada por falta de dolo. La condena recae sobre los funcionarios que dieron el aval, no sobre Cosmo.

Sector

Intendencias

Prodie · Habilis (luminarias LED de Montevideo)

Denuncia penal✓ Aparece en la base · 313 · 2004–2026

En la megalicitación de la Intendencia de Montevideo para renovar ~70.000 luminarias LED, la IM denunció penalmente a Prodie (acusada de falsificar certificaciones de laboratorio y alterar ensayos para cumplir los requisitos) y a Habilis (adulterar parámetros y luego descalificada).

En juegoLicitación de ~US$ 25 M por ~70.000 luminarias; oferta de Prodie US$ 19 M
EstadoDenuncia penal de la Intendencia ante Fiscalía (2019); proceso de compra suspendido; observaciones del Tribunal de Cuentas por trato desigual.
En la baseAmbas son proveedoras habituales del Estado: Prodie (165 contratos) y Habilis (148).

La otra campana Es una denuncia de la propia Intendencia; a un año la Fiscalía aún no había empezado a investigar. Sin condena conocida.

Grupo de Artigas (Jiménez Felice · Pedrera del Norte)

Observación (TCR / JUTEP)✓ Aparece en la base · 67 · 2014–2024

Empresas vinculadas a funcionarios de la Intendencia de Artigas: a Rodrigo Jiménez Felice se le adjudicaron obras por $120 M mientras el asesor del intendente figuraba como representante de la firma; Pedrera del Norte tiene entre sus socios al hermano de un contador de la comuna. JUTEP halló fraccionamiento del gasto y ampliaciones irregulares.

En juegoMás de $146 M adjudicados al grupo en cuatro años y medio (~US$ 3,8 M)
EstadoResolución de JUTEP (2020) por violación de probidad, legalidad y transparencia; el intendente Pablo Caram fue condenado en causa conexa e inhabilitado.
En la basePedrera del Norte (32 contratos) y su vinculada Prenorte (35) figuran en la base como proveedoras de obra de la zona.

La otra campana La condena a Caram (14 meses, condicional) fue por omitir denunciar irregularidades. JUTEP es un órgano de transparencia, no un tribunal penal.

Rodríguez Castellini y Coito (Intendencia de Florida)

Denuncia penal✓ Aparece en la base · 39 · 2021–2025

Empresa del hijo y del ex esposo de la secretaria personal del intendente de Florida, contratada de forma directa 37 veces eludiendo la licitación exigida al superarse los topes de la compra directa.

En juego~US$ 70.000 en 37 compras directas (2020-2023)
EstadoJUTEP recomendó y elevó el caso a la Justicia Penal (2024); observado por el Tribunal de Cuentas por violar los límites de la compra directa.
En la baseFigura en la base con 39 contratos de la comuna de Florida (~$7,4 M), en su mayoría compras directas.

La otra campana El intendente denunció una «campaña de desprestigio». Es una denuncia elevada a Fiscalía, sin condena.

Walfur (pauta oficial a empresas embargadas)

Señalamiento periodístico✓ Aparece en la base · 330 · 2018–2025

Organismos públicos siguieron adjudicando contratos de publicidad oficial y suscripciones a empresas embargadas vinculadas al diario La República —Walfur entre ellas, con la peor calificación crediticia— mientras el propio Estado las ejecutaba por deudas. El Ministerio de Ambiente le dio contratos incluso tras un embargo genérico.

En juego~US$ 1,8 M a Walfur (2022-2024); +US$ 4,7 M al grupo vinculado a La República
EstadoInvestigación periodística (Búsqueda, El Observador); embargos del BPS y BROU y juicios ejecutivos en trámite.
En la baseFigura en la base con 330 contratos, pese a que el propio Estado (BPS, BROU) la ejecutaba judicialmente por deudas.

La otra campana Señalamiento periodístico sobre el flujo de dinero público a firmas embargadas; sin proceso penal por corrupción conocido.

Valorarte (contratos artísticos de la IM)

Señalamiento periodístico✓ Aparece en la base · 1631 · 2014–2026

Cooperativa usada por la Intendencia de Montevideo para pagar como «artistas» —vía órdenes de compra— a personas sin obra artística documentada, incluida una gestora cultural administrativa. Según la investigación, funcionó como «fachada de pagos irregulares» que se sumaban a otros salarios.

En juego~$848.000 anuales por persona (2022-2025) en contratos «artísticos»
EstadoInvestigación periodística (Contraviento, Búsqueda); denuncias ante JUTEP contra la Intendencia por estas contrataciones.
En la baseFigura en la base con 1.631 contratos (~$326 M): una cooperativa usada como vehículo de pago por la Intendencia de Montevideo.

La otra campana El señalamiento apunta al uso que la Intendencia hizo de la cooperativa como vehículo de pago, más que a la cooperativa en sí. Sin proceso penal conocido.

Sector

Estafas privadas (fuera del Estado)

Conexión Ganadera · República Ganadera · Grupo Larrarte

Imputación / formalización○ Fuera del alcance de la base

Presuntas megaestafas tipo Ponzi: captaron ahorros prometiendo rentas fijas respaldadas por ganado que en gran parte no existía, usando dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. La mayor de la historia uruguaya.

En juegoConexión Ganadera ~US$ 250 M y ~4.000 ahorristas; República Ganadera ~US$ 60 M de agujero; Larrarte ~US$ 12 M
EstadoPablo Carrasco (Conexión Ganadera) y Jairo Larrarte formalizados/condenados por estafa; concursos con embargos por cientos de millones; causas en la Fiscalía de Delitos Económicos.
En la baseSon fondos de inversión privados que captaron ahorro del público: nunca fueron proveedores del Estado, por eso no dejan ninguna ficha.

La otra campana Se incluyen para marcar el límite del dato: son estafas privadas, ajenas a la contratación pública, y por eso NO son verificables en esta base. El daño es a ahorristas, no al erario vía contratos.

Cómo leer esta investigación

Es un análisis de datos públicos y de causas y resoluciones también públicas. Documenta hechos verificables —contratos, montos, estados judiciales— y distingue lo probado (condenas) de lo que es denuncia, investigación o pregunta abierta.

Aparecer aquí NO equivale a ser culpable. Muchas de estas empresas no están imputadas: en varios casos la Justicia apunta a los funcionarios del Estado, no al proveedor. Un contrato observado o una compra directa no es, por sí solo, prueba de delito.

Se nombran empresas y personas solo en su carácter de proveedoras del Estado o partes de causas públicas, tal como figuran en las fuentes citadas. Quien quiera aportar su descargo o corregir un dato puede hacerlo, y se incorporará.