El órgano que debía controlar la salud mental estuvo años sin funcionar

Qué es

La Ley de Salud Mental de 2017 creó la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, un órgano honorario que debe fiscalizar los centros de internación, recibir la notificación obligatoria de las internaciones involuntarias y de las que superan los 45 días, y denunciar irregularidades. En julio de 2018 El Observador informó que la ley, aprobada por unanimidad en agosto de 2017, se había aprobado sin recursos: se estimaba que su aplicación requería US$ 3 millones, más unos $ 100 millones para reformas en el Hospital Vilardebó, y nada de eso fue incluido en la Rendición de Cuentas de ese año. El senador Marcos Otheguy dijo entonces: “Es un tema que nos preocupa y queremos contemplarlo”; Hugo Achúgar, de la federación de organizaciones de familiares, dijo que “es criminal” no haberle asignado presupuesto y calificó los US$ 3 millones de “una gota en el Río de la Plata”.

Qué se cuestiona

La comisión funcionó de forma intermitente. El 14 de marzo de 2022 la diaria informó que no funcionaba desde setiembre de 2021, por falta de presupuesto y porque la renovación de autoridades nunca se concretó: a fines de 2021 el MSP pidió a las sociedades científicas que eligieran un nuevo presidente, estas acordaron un nombre y se lo comunicaron, y el ministerio no volvió a responder. El psiquiatra Ángel Valmaggia, expresidente del órgano, sostuvo en ese artículo: “No es banal que la comisión no esté conformada, es un rol sumamente importante que no se está cumpliendo: es la garantía para los pacientes”. Recién el 6 de marzo de 2026 Presidencia designó por resolución a las personas que integrarían la comisión y, ese mismo mes, la Corporación Nacional para el Desarrollo abrió el llamado 57 —del 11 al 27 de marzo de 2026— para incorporar “un mínimo de 3 contratos de secretaría administrativa” y fortalecer su funcionamiento administrativo.

Por qué te importa

Es el organismo al que puede recurrir una persona internada contra su voluntad. Sin integración completa ni personal administrativo, esa garantía quedó debilitada durante años: nadie contrastaba de forma sistemática si una internación involuntaria estaba justificada, si se prolongaba más de lo debido ni si un centro cumplía las condiciones para tener a alguien internado.

En qué está hoy