🚢Militares y defensa· 2023-2026
Cardama: el contrato de las patrullas oceánicas terminó rescindido
Uruguay contrató dos patrulleros por 82 millones de euros, pagó casi 29 millones y rescindió el contrato: la garantía presentada resultó, según el Estado, falsa. La empresa lo niega.
Cifra publicada por las fuentes
82 millones de euros el contrato; 28.794.500 euros pagados; más de US$ 35 millones reclamados en la demanda civil
Organismos involucrados
Ministerio de Defensa Nacional · Armada Nacional
Qué es
En diciembre de 2023, bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou y con Javier García al frente del Ministerio de Defensa Nacional, Uruguay firmó con el astillero español Cardama la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada por 82 millones de euros, según Infodefensa e Infobae. El contrato exigía una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto. Uruguay fue pagando contra avance de obra: 28.794.500 euros, según la demanda civil que el Estado presentó en agosto de 2026 y reseñó Caras y Caretas.
Qué se cuestiona
El 22 de octubre de 2025 Presidencia informó que el gobierno de Yamandú Orsi rescindiría el contrato y anunció denuncias penales por "fuertes indicios" de fraude o estafa contra el Estado. Según ese comunicado, la empresa demoró once meses solo en constituir las garantías, y la garantía —que debía cubrir 42 meses— alcanzó apenas un año; el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, describió a la avalista Eurocommerce como "una empresa de papel" y dijo que en su domicilio funcionaba una inmobiliaria de un ciudadano ruso. La rescisión quedó firme en febrero de 2026 y Cardama no la recurrió, según MercoPress, que citó a Díaz: "El acto administrativo de la rescisión del contrato no fue recurrido por el astillero, la rescisión es definitiva". En agosto de 2026 el Estado presentó una demanda civil: reclama los 28.794.500 euros pagados, 18.099.400 euros por la privación de vigilancia naval durante dos años y gastos legales y periciales, según Caras y Caretas; Infodefensa cifró el reclamo en más de US$ 35 millones. El empresario Mario Cardama sostuvo que compró la garantía de buena fe y que, si el emisor no responde, "el fraude es contra su empresa y no contra Uruguay"; denunció penalmente a Eurocommerce —disuelta por el gobierno británico en noviembre de 2025— y, según Infodefensa, el diputado Gabriel Gianoli difundió documentación del Colegio Notarial de Valencia que avalaba la firma que el Estado considera falsa.
Por qué te importa
Son casi 29 millones de euros ya pagados por dos buques que nunca llegaron, más el costo de volver a comprar patrulleros desde cero. Cada año de demora es un año sin control efectivo sobre la pesca ilegal y el contrabando en la zona económica exclusiva, y la factura la paga Rentas Generales.
En qué está hoy
Al cierre de esta ficha (agosto de 2026) hay tres frentes abiertos y ninguno con fallo. La denuncia penal del Poder Ejecutivo, que según Infodefensa alcanza a los exministros Javier García y Armando Castaingdebat, al exdirector de Secretaría Fabián Martínez y al exresponsable de Recursos Financieros Damián Galó: ninguno tiene imputación ni condena. La demanda civil por más de US$ 35 millones, presentada a comienzos de agosto de 2026 y radicada, según Caras y Caretas, en el Juzgado Civil de 9.º Turno a cargo del juez Alejandro Recarey. Y un arbitraje internacional que Cardama promovió ante la Cámara de Comercio Internacional, en París.
Esta plata no pasa por Compras Estatales
El cruce contrato por contrato no está disponible para esta ficha. El dinero se ejecuta por un canal que los datos abiertos de compras públicas no registran, así que mostrar un total acá sería inventarlo. Las fuentes citadas son, por ahora, la única cuantificación pública.
Por dónde va, entonces
Participación público-privada (PPP), fideicomisos, contratos entre Estados, convenios directos, o el presupuesto propio de una empresa pública. Ninguno de esos canales publica sus adjudicaciones en el portal de Compras Estatales.
El contrato se ejecutó como compra internacional en euros a un astillero extranjero, por fuera del circuito habitual de Compras Estatales, así que difícilmente aparezca completo en el feed de datos abiertos. Lo que sí puede rastrearse ahí son los gastos conexos del Ministerio de Defensa Nacional.
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