Tras Cardama: 60 millones de euros por tres patrulleras usadas

Qué es

Rescindido el contrato con Cardama, el gobierno abrió la búsqueda de reemplazos. El 24 de febrero de 2026 el presidente Yamandú Orsi dijo que ya habían llegado "por lo menos" cinco propuestas y que la meta es tener los buques antes del cierre de la administración, en 2030, según Infobae. La opción que más avanzó fue la británica: tres patrulleras oceánicas clase River Batch 1 —HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn—, construidas entre 2001 y 2003 y que quedarían disponibles en 2028. El 1 de junio de 2026 el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, confirmó a Teledoce que Uruguay presentaría esa semana una nota formal ante la embajada británica ofreciendo 60 millones de euros, unos 20 millones por unidad, según MercoPress.

Qué se cuestiona

El propio gobierno reconoce que la opción barata tiene un costo técnico. Según Ámbito (31 de marzo de 2026), la Armada advirtió que las tres River Batch 1 no tienen hangar ni cubierta de vuelo para operar helicópteros embarcados, una capacidad que consideraba "requisito excluyente", y que sin helicóptero los buques no pueden cumplir su rol de vigilancia de la zona económica exclusiva. Son unidades de 1.770 toneladas, 79,5 metros de eslora, 20 nudos de velocidad máxima y un cañón de 20 mm. Díaz sostuvo que les queda una vida útil de entre 20 y 25 años, según MercoPress. Orsi, al anunciar las ofertas, marcó el límite: el precio es un criterio entre varios y no se pueden repetir errores por comprar barato, según Infobae, que agregó que el Parlamento formó una comisión investigadora sobre todo el proceso de compra anterior.

Por qué te importa

Es la segunda vez en tres años que Uruguay intenta dotar de patrulleros a su Armada, y esta vez la discusión es entre pagar más por buques nuevos o menos por buques de más de dos décadas que, según la propia Armada, no cumplen el requisito que ella misma había declarado excluyente. Mientras tanto, según Ámbito, la flota se reduce a dos ex barreminas de los años sesenta. De esa decisión depende cómo se controla la pesca en aguas uruguayas durante los próximos veinte años.

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